Prensa Fundacite Bolívar. Con la participación de un colectivo proveniente de diversos municipios, instituciones y comunidades del estado Bolívar, el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias-Fundacite Bolívar y sus adscritos (Fundación Instituto de Ingeniería, CANTV, Corpivensa, Fábrica Adentro, Inapymi e Ipostel), realizó un foro para reflexionar sobre La Problemática de la Minería Ilegal en el estado Bolívar, en la Unexpo- Puerto Ordaz. En sus palabras de apertura la Directora Ejecutiva de Mppctii-Fundacite Bolívar, Dra. Lucy Núñez, expresó que con esta actividad se esperaba sensibilizar a la población regional sobre la problemática que acarrea daños ecológicos, sociales y humanos, algunos de carácter irreversibles, que convierten en letra muerta al Plan Simón Bolívar y sus lineamientos socialistas. Además, señaló que a partir de la divulgación de las investigaciones y vivencias presentadas por los ponentes del Foro, se esperaba estructurar un conjunto de propuestas en las mesas de trabajo que se instalarían como parte de la actividad, para elevarlas posteriormente, a la coordinación del Plan Caura y a la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional.

Un diálogo de Saberes

Mediante un panel conformado por el Diputado Manuel Briceño coordinador de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional designada para evaluar la afectación ambiental en la Cuenca del Caura por la práctica de la minería ilegal, José Arismendi por el Mppctii-Fundación Instituto de Ingeniería investigador en Teledetección, los docentes-Investigadores de la UNEG: Hernán Castellano (Biólogo - Phd. en Ciencias Biológicas), Sergio Milano (Antropólogo - Dr. en Ciencias de la Educación) y Dario Bermúdez (Biólogo - Dr. En Ciencias de la Salud del Trabajo); y Andrés Solís Capitán General del Sector Indígena Pluricultural La Paragua (Parawata) y Representante de la Federación Indígena del estado Bolívar, se conversó sobre la problemática la minería como práctica productiva ilegal y su impacto en el orden socio-político, ambiental, económico-productivo y cultural; sintetizado a continuación.

Manuel Briceño: En el marco de la “nueva Institucionalidad” establecida en la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y su Reglamento, donde la geometría del poder se ejerce desde la “Sociedad Organizada” –Consejos Comunales, de trabajadoras y trabajadores, Comunas, entre otros-, como el “Parlamento Comunal”, instancia de poder de decisión y gestión pública; es desde donde se debe impulsar la nueva ética ciudadana que revierta toda práctica ilegal, como es el caso de la minería del oro, en una práctica productiva de carácter legal que redunde en un bienestar social colectivo.

Todo ello, bajo una visión geopolítica determinada por una nueva geografía en la que es necesario definir la “Región Estratégica de Defensa Integral en Guayana” partiendo de un plan de ordenamiento del territorio. Este plan de ordenamiento exige un inventario de recursos como insumo para establecer las orientaciones de la distribución espacial para el desarrollo, y además, un “inventario de conflictos” como contexto fundamental para relativizar con mayor precisión el valor y la función social, económica y ecológica, el uso y aprovechamiento de los recursos disponibles.

Particularmente, el “Plan Caura” que se viene aplicando en el estado Bolívar como propuesta del Gobierno Bolivariano, introduce una visión estratégica de las valoraciones territoriales con respecto a los patrimonios y su razón social y política; el mismo descansa sobre tres pilares fundamentales: la Soberanía y Defensa integral, la Nueva geopolítica Interna y la Nueva Geometría del Poder y la construcción del Estado Comunal.

Por primera vez en nuestro país, el Gobierno da respuesta integral a un problema complejo como la minería ilegal, mediante la articulación inteligente de las diferentes instituciones del estado. El “Plan Caura” es un plan estratégico recomendable de ser aplicado en cada uno de los “Distritos Motores de Desarrollo” que se proponen para el nuevo modelo del desarrollo sustentable, endógeno y socialista de la Nación; considerando que parte de su éxito estará en que cada propuesta sea llevada por el ministerio de competencia, integradamente a los demás actores.

José Arismendi: El Mppctii a través de la Fundación Instituto de Ingeniería, cuenta con un Centro de Procesamiento Digital de Imágenes que mediante el uso de la Geomática realiza estudios para el Ordenamiento Territorial, Inventario y Evaluación de Recursos, Planificación Ambiental y Prevención y Manejo de Desastres. Para ello, tiene un Laboratorio de Procesamiento Avanzado de Imágenes Satelitales desde las cuales se adquieren y dan valor agregado a imágenes de distintos satélites de observación de la tierra, para su distribución gratuita a los organismos del estado que así lo requieran. Es importante destacar que las investigaciones y servicios que se realizan desde este laboratorio nos permiten un rápido acceso a datos de satélites recientes lo que representa una excelente herramienta para la toma de decisiones. Para hacer contacto con este Laboratorio, los usuarios interesados pueden acceder a través de http://lpais.fii.gob.ve. Desde las imágenes satelitales proyectadas durante el Foro fue posible observar la evolución de la Región del Caura desde 1996 al 2010, donde actualmente existen grandes extensiones de áreas quemadas y deforestadas por la minería ilegal. También, fue posible distinguir, los patrones de comportamiento de las poblaciones aborígenes en contraposición al de los mineros.

Hernán Castellanos: Las complejas afectaciones de la actividad minera repercuten fundamentalmente en las áreas boscosas, reduciendo los servicios ambientales que presta el bosque tales como el agua, la absorción del CO2 y la reserva y producción de oxígeno, entre otros. Cuando se tiene conocimiento del daño ambiental provocado por la actividad minera ilegal en el estado Bolívar, es inevitable reflexionar sobre los años que necesita el planeta para recuperar un bosque, cuando tardo cerca de 250 millones de años en poblarlo. La minería daña los ecosistemas de forma “aberrante” porque perturba el subsuelo hacia arriba sin dejar capa de suelo que permita al bosque recuperarse. Lo que se tiene entre manos es un problema muy complejo, que además no termina allí, porque adicional al daño ecológico generado con la remoción de la capa vegetal de nuestros bosques, también deja una serie de elementos tóxicos que afectan considerablemente la salud, como son: el Cromo, el Cadmio, el Mercurio y el Plomo, los cuales, a su vez se encuentran presentes en algunas especies piscícolas de la región, como el “boca-chico”, que forma parte de la dieta de los pobladores.

Sergio Milano: En el estado Bolívar la minería tradicional del oro y la minería en pequeña escala, término utilizado para designar tanto la minería artesanal como la pequeña minería, se hace por explotación de aluviones por parte de los mineros que utilizan “palín”, “batea” y “suruca” o por explotación de veta o “vertical” que se encuentran en grandes profundidades bajo condiciones de temperatura, presión y escasez de oxígeno, con altos riesgos para la salud y la vida del minero. También existe la Minería de Balsa que consiste en una embarcación estacionada que saca el mineral de oro de las profundidades del río. El minero, que saca el oro, es el que menos beneficios recibe de esta actividad productiva, y lo lamentable es que cada vez que entra a la mina su salud sale más deteriorada por la intoxicación ambiental. El costo de producción de oro es aproximadamente el 70% de lo extraído y el 30% restante, es repartido a partes iguales entre los socios, quedándole al minero solo el 7,5% por su trabajo, manteniéndose siempre en un estado de pobreza material. La minería ilegal es depredadora del ambiente y de la salud del minero que manipula el mercurio y luego la amalgama, para posteriormente quemarla con un soplete, cuyos gases generados por la extracción y procesamiento del oro acarrean problemas al sistema nervioso de carácter irreversible. Aunque culturalmente la minería a pequeña escala se transmite de generación en generación, existen mineros eventuales que se trasladan cuando revienta una “bulla” o tienen problemas económicos. Así como grupos de inversionistas que cobran por alquilar las máquinas y los servicios que prestan a los mineros, sacando sustancial provecho de esta actividad.

Darío Bermúdez: La minería artesanal del oro es una práctica mundial que arroja a la atmósfera, aproximadamente, 800 toneladas de mercurio al año y en algunas zonas del estado Bolívar, como El Callao, esta toxicidad por gases de mercurio supera los niveles tolerables para la salud, siendo que el 80% de los vapores inhalados es absorbido por los tejidos pulmonares y además, penetra con facilidad a la sangre del cerebro, generando daños neurológicos y de comportamiento. Algunos de los síntomas son temblores, labilidad emocional, insomnio, pérdida de memoria, cambios del sistema neuromuscular y dolores de cabeza; aunque se han observado también efectos en el riñón y tiroides. Los resultados de una investigación realizada por el autor en el Bloque B de El Callao reportaron que el 38% de la muestra (209 personas) tuvo niveles superiores a 20mg Hg/g de creatinina (nivel de acción) y particularmente, más del 90% de los trabajadores en centros de procesamiento, tuvieron niveles de mercurio (Hg) superiores al nivel de alerta.

Andrés Solís: Desde épocas ancestrales las comunidades indígenas son conservacionistas, sin embargo, actualmente se observa en el Municipio Angostura del estado Bolívar, que la intromisión de personas ajenas a la comunidad indígena que practican la minería ilegal, está impactando la cultura originaria afectando directamente a los jóvenes que abandonan la escuela para asumir la minería. La comunidad indígena reconoce que es el Gobierno quien debe ejercer el control y garantizar la protección ambiental y social de la nación, pero existen funcionarios que se prestan al negocio del combustible fomentando, más bien, la minería ilegal del oro en la zona. Sin embargo, con el Plan Caura se abre una posibilidad para que las comunidades indígenas se integren con las instituciones del estado a dar respuesta a esta problemática, aunque considera que con la demarcación del territorio indígena se pudiese controlar la invasión de personas extrañas a estas comunidades mediante la vigilancia y protección de su habitad. Para la comunidad indígena, la minería solo ha dejado destrucción del ambiente y enfermedades desconocidas para ellos.

Fotoleyenda:

Área devastada por la Minería del Río La Paragua.

Manuel Briceño.

José Arismendi.

Sergio Milano